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EL
DEBATE DEL AGUA: PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
RUBÉN
GONZÁLEZ DÍAZ
En la pasada campaña electoral, el Partido Popular puso en la mesa
un plan de redistribución del agua. Éste consiste en un
trasvase del Ebro hacia los demás ríos de su vertiente.
La necesidad imperante de acabar con una reforma que lleva muchísimo
tiempo en espera, la lucha contra la sequía, el aprovechamiento
del agua..., son asuntos que están quedando eclipsados por un debate
de marcado acento político entre el Gobierno, la Oposición
y las Comunidades Autónomas.
EL
PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
España necesita un Plan Hidrológico Nacional para paliar
la sequía que sufren ciertas zonas del país por falta de
precipitaciones, principalmente en el sudeste español y las cuencas
interiores de Cataluña, y también por una necesidad de renovación
de las infraestructuras hidráulicas actuales, así como la
reutilización y mayor eficiencia en el control y gestión
del agua. Además, la población española se concentra
sobre todo en el litoral mediterráneo (30%) y las previsiones establecen
que en los próximos años la población crecerá
sobre todo ahí, lo que agravará el problema del abastecimiento
en el área mediterránea.
En España llueven 346.000 hm3 de agua al año de los que
se recogen anualmente 110.000 hm3, de los cuales 90.000 se vierten directamente
al mar, casi nueve de cada diez litros. Sólo 3 o 4.000 hm3 serían
suficientes para cubrir el déficit hídrico que afecta al
sudeste mediterráneo.
La demanda de agua es de 35.000 hm3. El abastecimiento a la población
supone el 14,5% del consumo total de agua en España:
.- 60/65% consumo doméstico,
.- 25% pequeñas industrias,
.- 10/15% servicios públicos),
.- 80% el regadío
.- y el 5,5% la industria.
En el supuesto de que no existiera agua embalsada ni pantanos, sólo
podría atenderse adecuadamente el 8% de las  necesidades
de suministro. Como media, cada español consume 326 litros diarios
de agua (119 m3 anuales). El incremento previsto de la demanda de agua
a poblaciones a medio plazo (año 2005) es del 15% y a largo plazo
(año 2015) del 36% respecto a la que había en 1995.
El 80% del
consumo va destinado al regadío. Los regadíos ocupan el
15% de la superficie agrícola útil, pero de ellos se obtiene
el 55% de la producción agrícola. La mejora de la eficiencia
en los sistemas de riego se presenta por tanto como "una de las fuentes
potenciales más importantes para reducir la demanda hídrica".
Según el Plan Nacional de Regadíos la superficie de actuación
de mejora supera el millón de hectáreas y podría
suponer un ahorro global de agua de 1.876 hm3/año, de los que 261
Hectómetros cúbicos corresponderían a la cuenca del
Júcar y 152 al Segura. En total, el ahorro del agua destinada a
regadío sería de un 11% (9% de ahorro en la cuenca del Segura).
En 1998 el
Partido Popular realiza un estudio para reanudar la tarea pendiente desde
la legislación socialista. Se recogerá en El Libro Blanco
del Agua. El PHN será uno de los objetivos al empezar la nueva
legislatura.
El 14 de julio de 2000, el Consejo de Ministros aprueba un plan de inversiones
de 3 billones de pesetas, que incluye las infraestructuras y obras hidráulicas
que deben efectuarse hasta el 2008.
El 5 de septiembre el Gobierno entrega el anteproyecto de la ley del PHN
al Consejo Nacional del Agua para que lo estudie y elabore un informe
no vinculante sobre la mejor solución. Se abre un debate social
con todos los implicados.
El borrador del Plan Hidrológico Nacional prevé estas líneas
de actuación:
1. Mejora
de la gestión, renovación y modernización de las
instalaciones actuales.
2. Depuración de las aguas y su reutilización.
3. Trasvase de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias, siendo este
el punto más controvertido. Las cuatro posibilidades que ofrece
para la cuenca del sudeste son:
- Desde el río Ebro, a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
- Del Alto Duero, que sería insuficiente y requeriría también
agua del Ebro.
- Desde el Bajo Duero, opción cara y con consecuencias ambientales
sensibles.
- Del Tajo a través del acueducto Tajo-Segura, aunque necesitaría
tomas del Ebro.
Para solucionar
las deficiencias en Cataluña, y en especial en el área de Barcelona, existen
tres alternativas:
- Trasvase desde el Bajo Ebro, aprovechando infraestructuras existentes.
- Desde el Ródano, mucho más caro debido a que se trata de un río francés.
- Del río Noguera -Pallaresa desde el embalse de Talarn.
La solución que apadrina el Gobierno es la de los trasvases desde
el Ebro, al tratarse de la solución más económica
por ser la que supone menos costes de ejecución de obra (unos 600.000
millones) y menos impacto ambiental, al no tener que construirse nuevos
canales o embalses. Los usuarios que se beneficien de los trasvases; esto
es regantes, población urbana..., que finalmente se lleven a cabo,
pagarán 52.000 millones al año en concepto de canon de trasvase
(unas cinco pesetas por metro cúbico). De estos, el 50 por ciento
será para amortizar las infraestructuras, y el resto para la gestión
y mantenimiento de las obras. El otro 50%, para compensar a las cuencas
que ceden el agua, el PHN contempla el pago de un canon destinado a medio
ambiente.
Actualmente,
las opiniones contrarias a la realización de estos trasvases son
las cuencas cedentes (que pretenden obtener el mayor beneficio posible
al trasvase del agua) y las asociaciones ecologistas.
ALTERNATIVAS
AL PLAN
Existen alternativas al Plan que se centran en impedir la desaparición
de determinadas tierras y poblaciones históricas, y en reducir
el impacto ambiental. Para lograr estos objetivos, Ecologistas en Acción
y otras Plataformas en defensa de los ríos y las cuencas, se esfuerzan
en frenar la construcción masiva de presas.
 La
inversión en la reutilización de las aguas es la alternativa
que han propuesto. Para el año 2015, los planes hidrológicos
de cuenca preveen un volumen de utilización de agua regenerada
de 1.100 hm3/año frente a los 200 hm3/año actuales. La desalación
es otro "muy importante" recurso. Actualmente supone una aportación
del ciclo hidrológico de unos 222 hm3/año.
Los ecologistas
exigen que la política del gobierno vaya destinada a reducir el
consumo en lo que llaman una correcta gestión del agua. Sus críticas
al respecto se basan en que la mayoría de las confederaciones hidrográficas,
al no haberse desarrollado plenamente, son incapaces de conocer y adecuar
las concesiones vigentes. Disminuir pérdidas en las redes de abastecimiento
y saneamiento, mejorar la calidad del agua y desarrollar tecnologías
de desalación, que tendrían un menor impacto medioambiental
que las presas, conllevaría a un ahorro del 50% del agua.
Otras medidas
como el uso de acuíferos, que en algunos lugares pueden almacenar
cantidades muy considerables de agua y que han venido siendo sobreexplotados
en los últimos años, no pueden ser considerados como un
recurso renovable ya que pueden tardar varias decenas de años en
regenerarse. Estas reservas podrían ser empleadas en casos críticos
temporalmente, nunca incrementar los recursos de forma permanente. En
todo caso su utilización sería aconsejable siempre que el
bombeo no superara la recarga natural del acuífero.
Con la depuración
de las aguas en las zonas costeras se podrían recuperar 40 hectómetros
cúbicos, con la modernización de regadíos, canales
y conducciones se recuperaría el 50% de lo que se pierde, sin contar
con el 90% reutilizable del consumo industrial.
Otra medida,
destinada a evitar la pérdida de agua por sequía y la evaporación,
consistiría en la reforestación. Por ejemplo, las inversiones
destinadas por la Administración en materia de infraestructuras
equivaldrían, si se emplearan en la reforestación, la recuperación
de cien hectómetros cúbicos, mucho más de lo que
contendría la presa del río Grande.
En lo relativo
al impacto medioambiental que genera el Plan, los ecologistas han destacado:
la posible desaparición del Delta del Ebro, la inundación
de valles del Pirineo, la evaporación de las aguas, la salinización
de tierras, la reducción de niveles freáticos y afecciones
sobre fauna y flora por pérdida de caudal ecológico, lo
que afectaría a 82 lugares de interés, y con especial gravedad
a 18 especies protegidas y 14 hábitats de la Red Natura 2000. La
mayor parte de los espacios en los que se van a construir una presa o
embalse tienen solicitada a la Unión Europea su inclusión
en la lista de lugares de interés comunitario.
Por otro lado, los agricultores aragoneses, también se han manifestado
en contra del Plan, y se han aducido en su contra soluciones alternativas
para evitarlo, ya que son unos de los principales afectados por la cesión
del agua.
Pero no
han sido los únicos en alzar la voz de protesta. En la Comunidad
Valenciana, también hay voces disidentes respecto al trasvase del
Júcar al Vinalopó (una parte de la cadena que llevará
el agua del Ebro a Benidorm y Murcia). La continua roturación de
montes y el impacto ambiental del canal del trasvase son los principales
argumentos de la oposición de los regantes levantinos. Con el trasvase
al Vinalopó peligran los regadíos del Júcar y la
conservación de La Albufera.
En ese aspecto,
se defiende que primero se aplique el Plan Nacional de Regadío,
y que se desarrollen completamente las cuencas hidrográficas en
la regulación de los ríos, para ver cual será su
verdadera capacidad. Eso llevaría entre 10 y 20 años, y
a partir de ahí se podría empezar a hablar sobre la cesión
de las cuencas excedentes a las deficitarias.
Las propuestas
alternativas van destinadas a la mejora de las infraestructuras ya existentes
como canales, depuradoras y sistemas de riego, y las críticas al
uso que se hará del agua. Por el contrario, apuestan por invertir
los 7.000 millones presupuestados para plantas desalinizadoras y para
la reorganización del sistema de regadío como alternativas
más baratas al PHN. También están en contra de que
se amplíe la superficie de regadío en España.
El PLAN
HIDROLÓGICO EN EL DEBATE POLÍTICO
El 5 de septiembre el Gobierno entregó el anteproyecto de la ley
del Plan Hidrológico Nacional al Consejo Nacional del Agua para
que lo estudiase y elaborase un informe no vinculante sobre la mejor solución.
Este ha sido el inicio de toda la discrepancia política y social
que tuvo uno de sus puntos culmen en la manifestación que el día
8 de octubre congregó en Aragón a más de 300.000
personas.
La Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua dio el pasado
día 22 de enero el visto bueno al PHN y en  especial
al trasvase del Ebro a las cuencas deficitarias del Mediterráneo
sur. En esa reunión, de sólo 3 miembros de la Comisión,
pertenecientes a la representación de Aragón, Castilla La-Mancha
y grupos ecologistas, se manifestarón en contra. A la vez, que
la Comisión recomendó que se hiciera otro trasvase desde
el Guadiana al Guadalquivir.
El Consejo Nacional del Agua, que está integrado por miembros de
las Administraciones central, autonómicas y locales, Confederaciones
Hidrográficas, regantes, usuarios, expertos y ecologistas, en total
91 miembros, aprobó definitivamente el proyecto presentado por
el Ministerio de Medio Ambiente el día 30 de enero por 69 votos
a favor, 14 en contra y una abstención. Posteriormente, el Gobierno
hará suyo el dictamen, en el que según todos los indicios,
mantendrá casi todas las medidas propuestas inicialmente, para
pasar a enviarlo al Parlamento, con la finalidad de que sea ratificado.
Con la aprobación de este dictamen, el núcleo del Plan Hidrológico,
que propone un trasvase del Ebro a la costa mediterránea, no ha
cambiado en su cuantía (que prevé unos 1.050 hectómetros
cúbicos anuales) ni ha sido cuestionada su viabilidad. Sin embargo,
el Plan ha sufrido algunos cambios debido a las abundantes alegaciones
que sobre éste se han presentado. La mayor parte de las modificaciones
introducidas, tras el estudio de las alegaciones, son de carácter
ambiental (su borrador inicial carecía de esos matices). Otras
son fruto de negociaciones con las comunidades autónomas y con
los regantes, el sector que más hincapié ha hecho para salvaguardar
sus intereses.
Entre las modificaciones, se encuentra el cambio efectuado en su artículo
16, que establece que el citado trasvase no se podrá llevar a cabo
si no circula por el río "un caudal superior a la suma del
mínimo ambiental fijado en el Plan de Cuenca del Ebro". El
único punto que la comisión ha dejado sin tratar se refiere
al reparto de los más de 3 billones de pesetas de inversiones en
obras hidráulicas. Un plan de inversiones que el Ministerio de
Medio Ambiente negocia con varias Comunidades Autónomas, y que
contempla más de 400.000 millones de pesetas para proyectos pendientes
en Aragón, autonomía que se ha opuesto desde un principio
al desarrollo del proyecto.
Los trasvases que había antes de la Ley de Aguas (1985) se regularán
por sus propias leyes, siempre que no se opongan al Plan Hidrológico.
Quedarían como subsidiarias algunas normas del plan de la cuenca
del Tajo (se ha recurrido ante el Supremo por los regantes del trasvase
Tajo-Segura), que impone unas reservas de 260 hectómetros en la
cabecera del río, así como la obligación de que se
atiendan con estas aguas los abastecimientos de la llanura manchega (en
la cuenca del Guadiana) con preferencia al trasvase del Segura.
Cada año se trasvasará un volumen bruto de 1.050 hectómetros
cúbicos de agua desde el Ebro con el siguiente reparto: 190 para
Cataluña, 315 para la Comunidad Valenciana (Júcar), 450
a Murcia y zonas limítrofes (Segura) y 95 para Almería.
También se prolonga la conducción del minitrasvase actual
Ebro-Tarragona hasta Barcelona con el mismo caudal, cuatro metros cúbicos
por segundo, siempre que no se comprometan las garantías de los
regantes del delta. Esta prolongación supondrá un reajuste
en las concesiones actuales
El embalse de Alarcón, propiedad de Iberdrola y los regantes del
Júcar, con capacidad de 1.113 hectómetros cúbicos,
servirá de canal para el trasvase Tajo-Segura. El Gobierno pasará
a utilizarlo también como almacén de agua, a cambio de indemnizar
a sus propietarios, tanto por el agua que se evapore, como el lucro cesante
o el vertido de agua que no pueda ser turbinada. Los usuarios del Tajo-Segura
también contribuirán a los gastos de mantenimiento de la
presa.
Para compensar a Aragón, el plan declara de interés general
todas las obras incluidas en el Pacto del Agua de Aragón, que incluyen
varios embalses e infraestructuras para regadíos y abastecimientos.
Sólo se utilizarán como reservas para el trasvase los embalses
de Mequinenza y Ribarroja. No obstante, se podrán usar, previo
pago de una tarifa, las infraestructuras de nueva creación y las
existentes en las cuencas afectadas, incluidas las de tránsito,
teniendo en cuenta el carácter preferente de los usos propios de
la cuenca".
Respecto a inundaciones y sequías, las poblaciones de más
de 20.000 habitantes diseñarán planes de emergencia, con
indicadores de alerta, para afrontar las sequías. Las administraciones
delimitarán las zonas inundables. El Ministerio de Medio Ambiente
debe suscribir convenios con las administraciones locales para erradicar
las construcciones ilegales dentro del dominio público hidráulico
o zonas inundables.
Finalmente el Ministerio de Medio Ambiente promoverá la instalación
de dobles redes de distribución urbana, el uso de especies vegetales
de jardinería urbana que demanden poca agua y el fomento de aguas
recicladas.
Aunque todavía hay que esperar su tramitación en las Cortes
Generales, en estas conclusiones podremos esbozar las bases del proyecto
que se aprobará.
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